La reforma de la ley del aborto se inspirará en la "defensa del derecho a la vida" según la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, y exigirá el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, así lo ha anunciado hoy sin dar más detalles de su plan. Sus palabras sugieren una revisión a fondo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, que establece un sistema de plazos en el cual no se obliga a la embarazada a dar una justificación para el aborto hasta la semana 14 de gestación, y que el PP llevó al Tribunal Constitucional. Este, fuertemente dividido, aún no se ha pronunciado sobre la legislación vigente.
El anuncio lo ha hecho Ruiz-Gallardón en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha recordado que la norma actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos". Se refería así a la fuerte división que impidió al Consejo General del Poder Judicial emitir su informe y al informe contrario a la ley del Consejo Fiscal, que consideró inconstitucional fijar el aborto como un derecho. El tercer informe solicitado fue favorable por unanimidad, el del Consejo de Estado.
Gallardón evitó ayer entrar en detalles, como tampoco lo hizo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando se refirió a esta ley en su primer Consejo de Ministros. Gallardón se había pronunciado al respecto en noviembre de 2010, todavía como alcalde de Madrid, en una entrevista con EL PAÍS: "La doctrina del Constitucional, establecida como consecuencia del primer recurso que se interpuso contra la primera ley, lo que dice es que el concebido y no nacido es un titular de derechos pero que no son absolutos, porque, al entrar en conflicto con otros derechos,
